El Dr. Carlos Martín, presidente de la Asociación de Sanitarios de Emergencias de Castilla y León (Asecyl), conserva en su despacho la foto de un niño, cuyo nacimiento, prematuro y complicado, tuvo que ser asistido en el propio domicilio con riesgo para su propia vida y la de la madre. Incluso en su día de descanso, este médico vocacional acudió a atender esta emergencia, que tuvo final feliz, pero en la que se vivieron momentos dramáticos.
“Este trabajo engancha, es apasionante, pero muy duro. Entramos en contacto con las miserias de la población, nos adentramos en sus domicilios, vemos la enfermedad, pero también enfrentamos toda la parte psicosocial. Un accidente laboral que atiende la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME) es un paciente politraumatizado grave sumado a un drama familiar, porque su padre o sus compañeros están presentes. Ponemos en riesgo nuestra integridad, tanto mental como física, ante niños críticos, partos domiciliarios en los que no todo sale bien, accidentes de tráfico o ingresos involuntarios de pacientes con enfermedad mental a los que hay que reducir por la fuerza, incluso con la Policía y con su familia delante, como nos ha ocurrido recientemente”, explica. Y aunque de las diez o doce asistencias diarias puede haber dos emergencias graves —hay días que pueden llegar a seis— “el resultado para la persona nunca hubiera sido el mismo si no hubiéramos actuado” en tiempo y forma.
Sin embargo, se enfrentan a unas condiciones laborales y personales en precario “en un servicio que no ha avanzado desdesu creación, hace 24 años”, y en el que incluso, a pesar de ser el último instaurado en España, “no se supo o no se quiso adaptar la regulación y la experiencia de otras comunidades autónomas.
“Emergencias no puede depender de la voluntad de los profesionales. Un incendio como el de Valencia en Salamanca podría haber sido una gran tragedia, pues no hay más que una UVI móvil de guardia, y nadie como retén, o localizado, o disponible”, afirma. En primer lugar, no hay médicos suficientes en el servicio, pero no porque no existan, sino porque no se les ofrecen las condiciones adecuadas, hasta tal punto de que, en algunos momentos, como ha ocurrido este año hasta cuatro veces en Salamanca, la UVI ha salido sin facultativo o con uno enviado por la empresa adjudicataria de las ambulancias sin la formación requerida. “Tenemos déficit de médicos porque se marchan donde están más reconocidos y mejor remunerados. Somos el único servicio de toda España donde no se paga por trabajar un festivo, ni tampoco se remuneran las noches, ni los turnos, ni adecuadamente la peligrosidad”, advierte; sin olvidar que en Castilla y León “sigue pendiente una reestructuración que nadie quiere acometer, excepto la anterior consejera, Verónica Casado, porque no se puede tener a médicos haciendo kilómetros para atender a dos pacientes en un pueblo pequeño, cuando lo lógico sería acercar a la población a un centro de salud en condiciones”.
Así, no es de extrañar que si existe alguna baja entre los seis médicos asignados por cada UVI móvil se pasen meses sin cubrirla: “Nosotros llevamos con cinco mucho tiempo”. Salamanca cuenta en la actualidad con tres UVI móviles en la capital, Béjar y Ciudad Rodrigo, además de una UENE (Unidad Enfermerizada de Emergencias) en Vitigudino, que hace las mismas funciones, pero sin facultativo, lo que obligó incluso a cambiar la legislación para poder establecer este mecanismo. Una dotación claramente insuficiente para esta provincia, sobre todo en la ciudad, donde técnicamente estaría dimensionada para 1,7 unidades. “Cuando fui coordinador de Emergencias entre 2020 y 2022, teníamos ya hasta el sitio buscado para esta segunda unidad, pero todo te lo van echando atrás”, aclara el Dr. Carlos Martín, y esto hace que “muchas veces no podamos acudir a todas las emergencias; de hecho, coinciden, por ejemplo, infartos con accidentes, no todos los días, pero sí todas las semanas, y no podemos asumirlas”. Más grave aún es que después de 24 años no exista ningún sistema para cubrir las incidencias. “Si el compañero que me debe sustituir después de 24 horas tiene algún contratiempo, me prolongan la jornada como trabajador esencial, pero después de un día entero no puedo seguir atendiendo con seguridad. Y esto no pasa en ningún sitio”, aclara. En Cataluña, Madrid y Baleares, por ejemplo, llaman al centro coordinador, que se encarga de movilizar a un sustituto de guardia localizada, y “el que sale ya sabe que se puede marchar sin ninguna implicación legal”.
En este incierto e injusto escenario, nació en septiembre del pasado año la asociación Asecyl, que ya ha logrado reunir al 40% de los profesionales sanitarios de Emergencias de Castilla y León, y cuyo objetivo final es la aprobación de un marco normativo propio que regule sus especiales condiciones laborales. Con un calendario de movilizaciones sobre la mesa, se logró una primera reunión, el día 2 de octubre, con la gerente regional de Salud, Violeta Martínez Pindado; desde entonces, “no hemos avanzado nada”, a pesar de “haber solicitado hablar, de manera infructuosa, tanto con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, como con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y de contactar por escrito en cuatro ocasiones con Violeta Martínez Pindado y en nueve con la gerente de Emergencias Sanitarias, Flor de Castro Rodríguez, sin que haya servido para que escuchen la opinión del personal sanitario de Emergencias”. En la actualidad, se están llevando a cabo negociaciones entre la administración y los sindicatos CESM, CCOO, CSIF, Satse y UGT, que son quienes tienen representación en la Mesa Sectorial de Sanidad en Castilla y León, pero sin ningún avance normativo. De momento, la única novedad es la denuncia de este mes de marzo por parte de UGT contra la Gerencia de Emergencias Sanitarias ante el Tribunal Superior de Justicia por la Instrucción técnica de cambios de jornada y permisos, cuya retirada también ha sido solicitada por la Junta de Personal del Área de Salud de Salamanca y de Burgos. Otro bache en el camino de un servicio que sigue con “las mismas condiciones laborales que hace 24 años, y hay situaciones que no se pueden demorar más, como las incidencias”. “No puede salir una UVI móvil sin su plantilla al completo, no puede haber una catástrofe y no tener garantizada su cobertura al 100%. Somos como una ONG, porque el servicio no está cubierto de forma profesional desde la administración, y dependemos de la buena voluntad de los trabajadores”, concluye el Dr. Carlos Martín.
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